Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), se llevó un susto la madrugada del 19 de septiembre cuando cuatro hombres armados entraron a su casa en la comunidad garífuna de Vallecito, Colón. Afortunadamente, gracias a la presencia de los guardaespaldas asignados a Miriam como parte del Mecanismo de Protección gubernamental, los hombres armados no le causaron daños físicos, pero está emocionalmente conmocionada. La inquietante similitud entre el intento de ataque contra Miriam y el modus operandi del escuadrón de sicarios que asesinó a la defensora indígena y ambiental Berta Cáceres en 2016 envía un mensaje escalofriante a OFRANEH, a los líderes garífunas y a todos los defensores hondureños de los derechos territoriales y humanos.
El violento incidente en la casa de Miriam Miranda es otro ejemplo inquietante de lo que afrontan los líderes garífunas al defender sus tierras ancestrales en toda la costa norte de Honduras. Se enfrentan a constantes amenazas y desplazamientos forzados como consecuencia de poderosos intereses económicos, tanto extranjeros como nacionales: empresas agroindustriales, mineras y energéticas, turismo, y más. Quienes organizan los acaparamientos de tierras lo hacen con la plena complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado, las autoridades de los gobiernos locales y los grupos delictivos organizados. Los ataques se intensificaron durante los años de la narcodictadura (2009-2021), pero lamentablemente continúan en la actualidad.
Estos ataques -impunes en su mayoría- continúan debido a la negligencia del Estado hondureño a la hora de abordar la prolongada persecución de las comunidades garífunas. Al no encontrar justicia en el sistema jurídico hondureño, los garífunas han llevado sus casos al sistema interamericano (Organización de Estados Americanos - OEA). En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencias a favor del pueblo garífuna en los casos de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. La Corte determinó que el Estado de Honduras violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque facilitó la expansión de urbanizaciones en tierras ancestrales garífunas o transfirió las tierras comunales para ser usadas con fines industriales y turísticos. La Corte ordenó la restitución de las tierras robadas y el cese de todos los esfuerzos actuales que siguen desplazando a las comunidades garífunas de sus tierras.
Como signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Honduras está obligada a acatar las sentencias de la Corte. Aunque la nueva administración de la presidenta Xiomara Castro ha aceptado la responsabilidad de aplicar algunas sentencias de la Corte, hoy en día Honduras sigue sin cumplir sus obligaciones con las comunidades garífunas en virtud del derecho internacional.
Los ataques continuarán mientras el gobierno hondureño haga caso omiso de la ordenes judiciales que garantizan remediar las violaciones contra el pueblo garífuna. El incumplimiento de la orden de la Corte Interamericana pone a los defensores de la tierra en una situación de riesgo adicional. Mientras el pueblo garífuna sigue denunciando la falta de acción del Estado y protestando contra el acaparamiento de tierras por parte de intereses económicos, su vulneabilidad se profundiza. Los ataques se han intensificado en los últimos años. En julio de 2020, cinco jóvenes líderes garífunas que denunciaron la lentitud del gobierno para aplicar las sentencias de la Corte Interamericana fueron desaparecidos de la comunidad de Triunfo de la Cruz por hombres armados vestidos con chalecos con el logotipo de la Dirección de Investigación Policial. Nunca se ha llevado a cabo una investigación adecuada sobre su desaparición. Su paradero permanece desconocido.
Miriam Miranda ya ha recibido amenazas de muerte. Ha sufrido ataques violentos. Otros líderes de la comunidad garífuna han sido injustamente criminalizados; otros han sido asesinados.
¡Esta violencia debe terminar!
Gracias por actuar en solidaridad con el pueblo garífuna de Honduras.